El miércoles 14 de octubre, los estudiantes del IFTS N.º 13, junto con estudiantes de otros institutos terciarios y profesorados, nos encontrábamos en Corrientes y Callao reclamando por la educación pública. Éramos estudiantes ejerciendo nuestro derecho a manifestarnos, ocupando la calle para hacer escuchar nuestros reclamos. Pero la respuesta que recibimos fue la fuerza.
La policía nos empujó hacia la vereda. Podría haber terminado ahí. Ya habíamos sido desplazados de la calle, pero no fue suficiente. Siguieron empujándonos durante media cuadra, hasta encerrarnos en un círculo, como si nuestra sola presencia constituyera una amenaza.
Fue entonces cuando, encerrados, nos rociaron con gases lacrimógenos. Como si fuéramos cucarachas. Nos trataron como si fuéramos una plaga que había que dispersar, como si reclamar por nuestro derecho a estudiar nos convirtiera en un enemigo al que había que acorralar.
Pero lo ocurrido no terminó ahí. Rubén Pose, docente del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González, fue detenido por el simple hecho de estar parado en la vereda, sin hacer nada. Horas después, fue liberado. Su detención deja una pregunta todavía más inquietante: ¿qué justifica que un docente termine privado de su libertad cuando, según lo que presenciamos y denunciamos, ni siquiera estaba haciendo algo que pudiera explicar semejante intervención?
Cuando quienes reclaman son empujados, gaseados y detenidos, el problema excede un corte de calle. Nos obliga a preguntarnos qué lugar queda para el derecho a manifestarse, para la libertad de expresión y para la defensa colectiva de la educación pública. ¿Qué mensaje se transmite cuando un estudiante o un docente pueden terminar siendo tratados como una amenaza por estar presentes en una protesta?
No estábamos allí para atacar a nadie. Estábamos allí para defender la educación pública. Y no deberíamos tener que exponernos a la violencia para reclamar por un derecho que nos pertenece.
Y entonces surge una pregunta que no deberíamos tener que hacernos: ¿qué tiene de peligroso un estudiante que reclama?
Tal vez lo verdaderamente incómodo de un estudiante que reclama no sea lo que hace, sino lo que representa. Un estudiante que se organiza, que cuestiona y que exige respuestas es alguien que se niega a aceptar la realidad como algo inmodificable. Es alguien que comprende que los derechos no son concesiones otorgadas generosamente desde el poder, sino conquistas históricas que han sido defendidas por generaciones enteras.
La historia demuestra que el acceso a la educación nunca fue una cuestión ajena a las disputas políticas y sociales. En la Argentina, la educación pública se construyó sobre la idea de que el conocimiento no debía ser un privilegio reservado a unos pocos, sino una herramienta para ampliar derechos y posibilidades. La Reforma Universitaria de 1918, impulsada por estudiantes que cuestionaban las estructuras autoritarias de la universidad, dejó una huella profunda en la historia educativa latinoamericana. Aquellos jóvenes también fueron considerados incómodos porque pretendían transformar una institución que parecía destinada a permanecer inalterable. Su lucha contribuyó a instalar demandas de democratización, participación estudiantil y autonomía universitaria.
Más tarde, durante los períodos dictatoriales, el movimiento estudiantil sufrió persecuciones, censura y violencia. Recordar esa historia no significa equiparar automáticamente contextos políticos diferentes, sino comprender que el derecho a organizarse, expresar desacuerdos y reclamar por la educación forma parte de una tradición democrática que no podemos dar por garantizada para siempre.
Desde una perspectiva filosófica, una democracia no se define solamente por la existencia de elecciones o por el cumplimiento formal de las leyes. También se mide por su capacidad de tolerar el disenso, escuchar a quienes cuestionan las decisiones del poder y proteger a quienes ejercen sus derechos, incluso cuando sus reclamos resultan incómodos. Si la protesta es una forma de hacer visible una demanda colectiva, responder con violencia plantea una pregunta fundamental: ¿qué valor tiene un derecho si ejercerlo puede convertirse en motivo de castigo?
El filósofo Paulo Freire entendía la educación como una práctica capaz de desarrollar conciencia crítica y de permitir que las personas comprendan y transformen su realidad. Desde esa mirada, educarse no consiste únicamente en adquirir conocimientos, aprobar exámenes o conseguir un título. También implica aprender a formular preguntas, reconocer injusticias y participar en la construcción de una sociedad más justa. ¿Cómo podemos defender una educación que forme ciudadanos críticos si, cuando esos ciudadanos alzan la voz, su reclamo es recibido con empujones, gases y detenciones?
Un estudiante que reclama no es necesariamente una amenaza para la sociedad. Puede ser, por el contrario, una expresión de aquello que una sociedad democrática necesita: personas capaces de involucrarse en los asuntos comunes, defender lo que consideran justo y exigir que quienes ejercen el poder rindan cuentas. La protesta puede incomodar, interrumpir la normalidad y abrir conflictos, pero el desacuerdo es parte de la vida democrática. La cuestión no debería ser cómo silenciarlo, sino cómo escucharlo y procesarlo sin vulnerar derechos.
Por eso, lo ocurrido en Corrientes y Callao no nos interpela solamente por la violencia que vivimos, sino también por el tipo de sociedad que queremos construir. Una sociedad en la que los estudiantes puedan reclamar sin miedo, en la que los docentes puedan acompañarlos sin temor a ser detenidos y en la que la educación pública sea reconocida como un derecho que merece ser defendido, no como una concesión por la que debemos pedir permiso.
Porque si estudiar, cuestionar y reclamar son actos que despiertan temor, entonces vale la pena preguntarnos qué es exactamente lo que estamos defendiendo cuando hablamos de democracia. Y si la educación debe formar personas libres, críticas y comprometidas con su tiempo, no podemos exigirles que permanezcan en silencio cuando sienten que uno de sus derechos fundamentales está en peligro.
Reclamamos por nuestro derecho a estudiar, por nuestro futuro y por el de las generaciones que vienen. ¿Hasta cuándo la respuesta va a ser la violencia?
